En el segundo día de la 48.^a Semana Nacional de la Conferencia de los Religiosos del Paraguay, ha sido presentada una propuesta por la cual "la misma jerarquía eclesial ya no debe dar más la comunión a los corruptos". El autor de esta propuesta "agregó que algunos sacerdotes saben quiénes son los corruptos y lo mismo les dan la comunión" [cf. "ABC Color" (12 de julio de 2007) 10].

Es notorio que el problema de la corrupción es un verdadero flagelo que afecta al Paraguay.

El mismo día, leemos en el editorial del periódico "Última Hora": "La Real Academia Española define la corrupción como la utilización de los cargos o funciones para provecho propio en términos financieros, principalmente en las organizaciones públicas. Existen cientos de antecedentes en el Paraguay de la comisión de esas prácticas criminales, pero hasta ahora les ha ido muy bien a los responsables de esos hechos, pues a pesar de las pruebas siempre logran zafarse del presidio, gracias a un desvergonzado esquema de protección y complicidades con actores políticos y los mismos magistrados judiciales".

Ahora bien, pedir a la Iglesia lo que es de competencia del Estado es una propuesta que sigue perpetuando la confusión entre diferentes instituciones, y denota el menosprecio del principio de laicidad.

Benedicto XVI ha escrito en la Encíclica Deus caritas est: "El orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política. Un Estado que no se rigiera según la justicia se reduciría a una gran banda de ladrones, dijo una vez Agustín. Es propio de la estructura fundamental del cristianismo la distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios (cf. Mt 22, 21), esto es, entre Estado e Iglesia o, como dice el Concilio Vaticano II, el reconocimiento de la autonomía de las realidades temporales" (n.º 28).

Recordamos también que el principio de presunción de inocencia, al cual toda persona en el Paraguay tiene derecho (art. 17 § 1 de la Constitución), no autoriza a nadie a declarar culpable a cualquier ciudadano, sin que este haya sido condenado en un juicio definitivo.

¿Quién tiene el derecho de declarar públicamente que alguien es o no es corrupto?

¿Vamos a pedir el certificado penal a todos los que se presentan para recibir la comunión?

Por lo tanto, la propuesta aparece demagógica y ridícula.

Pero, lo que aparece verdaderamente superficial es la falta de un análisis sociológico, que evidencie la vastedad a diferentes niveles, del fenómeno de la corrupción.

Seguir hablando de una pequeña cumbre de corruptos que se ha apoderado del poder, mientras el pueblo bueno y honesto padece injusticia, no permite penetrar en un fenómeno tan difundido y al mismo tiempo antiguo.

Es imposible perpetuar la conquista y conservación del poder, sin que las masas populares den su consentimiento.

Al contrario, sería interesante analizar cómo la ideología de los grupos de poder ha llegado a ser la ideología de los grupos dominados y, en este contexto, examinar cómo los religiosos, en fuerza de su identidad carismática y fidelidad creativa, puedan dar un ejemplo diferente, que constituya al mismo tiempo un anuncio profético y un modelo de vida de los valores del Reino.

A prescindir de otras consideraciones, vinculadas al problema del principio de laicidad y de la distinción entre Iglesia y Estado, me parece que esta propuesta se inserta en el tipo de soluciones fáciles, demasiado fáciles y, por eso, infantiles.

¿No tenía razón Lenin cuando decía que el extremismo es una enfermedad infantil?